Guanajuato aprueba Registro de Agresores Sexuales
Guanajuato establece Registro Público para Agresores Sexuales
El Congreso del Estado de Guanajuato ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia sexual al aprobar la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales (RPPAS). Este nuevo instrumento legal tiene como objetivo registrar a las personas sentenciadas por delitos sexuales y feminicidio, con el fin de prevenir futuros delitos y proteger a las víctimas.
La reforma al Código Penal del Estado fue aprobada durante una sesión ordinaria del Congreso, recibiendo el apoyo de una mayoría de legisladores, incluidos miembros de Morena y otros partidos. La iniciativa fue promovida por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, pese a algunas advertencias sobre posibles riesgos de inconstitucionalidad.
Detalles del Registro
El RPPAS tendrá la función de recolectar y mantener los nombres de quienes hayan sido condenados por delitos como feminicidio, abuso sexual contra menores, trata de personas menores de 18 años, acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores, entre otros. La inscripción en el registro se realizará una vez que la sentencia sea firme y se mantendrá durante toda la pena de prisión.
Incluso si la pena es sustituida o suspendida, el registro seguirá vigente hasta una década después de que el sentenciado recupere su libertad. Este aspecto del registro busca asegurar que los agresores no reincidan, ofreciendo así una capa adicional de seguridad para las potenciales víctimas.
Administración y Operación
La administración de este registro estará a cargo de la Fiscalía General del Estado. El juez penal estará obligado a ordenar la inscripción de los condenados en este registro, garantizando así su implementación efectiva. Esta medida se establece como un requisito ineludible, independientemente de la reparación del daño moral.
Opiniones y Perspectivas
El diputado independiente Sergio Contreras Guerrero, uno de los defensores de la medida, destacó que el RPPAS es una herramienta crucial para la prevención de nuevos delitos y para la protección efectiva de las víctimas. No obstante, el carácter público del padrón ha generado debates y divisiones entre los legisladores, reflejando la complejidad de equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales.
La aprobación de este registro coloca a Guanajuato a la vanguardia en el combate a la violencia sexual, alineándose con otras entidades del país que han implementado medidas similares. La discusión ahora se centra en cómo su implementación afectará la tasa de reincidencia y la percepción pública de seguridad.
