Puebla aprueba Plan B de reforma electoral entre críticas
Con 34 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado de Puebla dio luz verde al denominado Plan B de la reforma electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta aprobación se enmarca en un ambiente de controversia, especialmente entre las legisladoras de oposición.
Durante la discusión en el Pleno, diputadas locales de oposición argumentaron que la propuesta responde más a intereses políticos coyunturales que a una transformación profunda del sistema electoral. Susana Riestra Piña, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), criticó lo que denominó una “urgencia selectiva” en la agenda legislativa, alegando que se priorizan ciertos temas sobre otros de mayor relevancia. “La urgencia selectiva exhibe prioridades distorsionadas (…) se privilegia la agenda impuesta y se ignora el trabajo plural de la Legislatura, debilitando el debate y la representación”, expresó Riestra Piña.
Por otro lado, Claudia Sheinbaum celebró que el Plan B ya ha sido aprobado por 20 congresos estatales, un paso crucial para que el Senado emita la declaratoria de constitucionalidad y se publique en el Diario Oficial de la Federación. “Ya se aprobó en los Congresos estatales el Plan B. Ya son 20… 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional”, afirmó la mandataria.
El Plan B busca, entre otros objetivos, acabar con los privilegios en el sistema electoral. Entre los logros destacados por Sheinbaum se encuentran la no reelección, la reducción de recursos a congresos estatales, la eliminación de las pensiones doradas y la reducción de salarios y bonos a consejeros y magistrados electorales.
A pesar de las críticas de los partidos de oposición, incluyendo advertencias del PRI y el PAN sobre lo que consideran una “reforma limitada”, Sheinbaum defiende que el Plan B representa un avance significativo en la democracia mexicana al combinar la reducción de costos del sistema con mejoras en la representación y participación ciudadana.
Este proceso ha sido visto como un ejercicio democrático dentro de la coalición gobernante, en el cual, a pesar de las tensiones internas, Morena sigue siendo la fuerza mayoritaria. Las discusiones sobre la reforma continúan, mientras la presidenta y sus aliados buscan fortalecer la fiscalización del gasto público y privado en el ámbito electoral.
