CNA demanda a 53 gaseras por colusión y exige reparación de 13 mil mdp
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha presentado una demanda colectiva contra 53 empresas de gas licuado de petróleo (LP) por prácticas colusorias que han afectado a los consumidores durante más de una década. Esta acción legal busca la reparación de los daños causados por sobreprecios, que superan los 13 mil millones de pesos.
El 23 de abril, la CNA inició el proceso judicial tras descubrir un acuerdo ilegal entre diversas compañías, entre ellas Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano. Estas empresas, operando en la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa, fueron acusadas de manipular precios y repartirse la clientela, afectando gravemente a los consumidores.
La demanda, considerada la más cuantiosa de su tipo, fue notificada a través de 18 demandas en un juzgado federal, exigiendo una reparación acumulada de al menos 4 mil 524 millones de pesos. Además, se propone que las compañías ofrezcan descuentos sobre el precio del gas LP en las zonas afectadas como compensación directa a los consumidores.
Según el comunicado de la CNA, se busca no solo la restitución económica, sino también el fortalecimiento de la competencia justa en el mercado de gas LP, protegiendo así a los consumidores de futuras prácticas anticompetitivas.
Esta decisión subraya el compromiso de la CNA con la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores mexicanos, quienes han sido perjudicados económicamente por estas prácticas ilegales. La resolución del caso será un referente en el ámbito de la regulación y competencia económica en México.
Este proceso judicial podría tener implicaciones significativas para el sector energético del país, alentando a otras industrias a reevaluar sus prácticas comerciales para evitar sanciones similares. La atención ahora se centra en el desarrollo del juicio y las posibles repercusiones para las empresas acusadas, así como en el impacto que tendrá en el bolsillo de los consumidores afectados.
