Alcaldesa de Cuauhtémoc culpa al gobierno de CDMX por demolición fatal
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha rechazado categóricamente que su administración sea responsable del colapso parcial del inmueble ubicado en San Antonio Abad número 124, que resultó en la trágica muerte de tres trabajadores y dejó a uno más bajo atención médica. Rojo de la Vega apuntó al gobierno de la Ciudad de México como el ente que otorgó el permiso para la demolición.
Proceso de Autorización
El 26 de septiembre de 2025, la empresa DEMEC solicitó a la alcaldía de Cuauhtémoc el permiso para llevar a cabo la demolición del edificio. Sin embargo, según Rojo de la Vega, la solicitud fue denegada el 30 de septiembre del mismo año, al considerar que no se cumplían los requisitos mínimos de seguridad necesarios para proceder con dicha actividad.
Pese a esta negativa, la autorización fue finalmente concedida el 20 de octubre de 2025 por la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. Esta decisión se basó en un acuerdo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, órgano dependiente del gobierno capitalino.
Señalamientos y Responsabilidades
La alcaldesa enfatizó que, aunque la autorización fue otorgada, estaba sujeta a plazos y medidas de seguridad que, según su versión, no fueron cumplidas. Además, criticó que el permiso se otorgara sin un estudio adecuado ni un programa de Protección Civil, mencionando que el edificio fue dañado por el sismo de 2017 y que la Comisión para la Reconstrucción había aprobado un acuerdo de facilidades administrativas el 14 de marzo de 2025, el cual permitía a la Secretaría de Vivienda aprobar demoliciones sin el debido procedimiento de seguridad.
Rojo de la Vega afirmó que su administración hizo público el rechazo de la solicitud inicial para que no quedaran dudas sobre la responsabilidad. A pesar de esto, la empresa DEMEC decidió iniciar los trabajos de demolición el 20 de octubre, tras recibir el permiso del gobierno de la Ciudad de México.
Reacciones y Consecuencias
La tragedia ha desatado una ola de críticas y llamados a la responsabilidad por parte de la ciudadanía y actores políticos. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, había señalado previamente que las demarcaciones eran responsables de vigilar estos procesos, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.
Este incidente pone de relieve la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de seguridad en las demoliciones y construcciones en la capital para evitar futuras tragedias. La administración de Rojo de la Vega espera que se investigue a fondo lo sucedido y se tomen las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de seguridad sean seguidos rigurosamente.
