Lenia Batres denuncia campaña mediática en su contra

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha generado polémica al denunciar lo que considera una campaña mediática coordinada por periodistas vinculados a la derecha, quienes, según ella, buscan impedir que asuma la presidencia del máximo tribunal. A pesar de haber sido la segunda persona más votada en la pasada elección judicial, Batres afirma que la oposición intenta minar su eventual liderazgo en la Corte.

A través de sus redes sociales, Batres se refirió a un “nado sincronizado” de comunicadores que, asegura, la presentan como un riesgo para la inversión privada en México. La ministra, autodenominada “ministra del Pueblo”, destaca que dichos periodistas actúan con un ánimo golpista al llamar a evitar su presidencia en la SCJN.

Batres Guadarrama subraya que su obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Por eso, respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica”, expresó, reafirmando su compromiso con el marco legal y económico del país.

La ministra también defendió el proceso de sucesión en la presidencia de la Suprema Corte, el cual, tras la reciente reforma judicial, se realizará en orden de votación. Según Batres, este procedimiento no está basado en simpatías personales, sino en la legalidad y el mandato popular, lo que ella ve como un respaldo a su eventual presidencia.

La controversia se centra en las críticas que aseguran que Batres representaría un peligro para el capital privado, una narrativa que ella rechaza enfáticamente. “Las normas que regulan el funcionamiento del capital privado ofrecen certidumbre jurídica, lo cual es esencial para impulsar la inversión”, añadió.

La situación ha encendido el debate público sobre la independencia del poder judicial y la influencia de los medios de comunicación en los procesos de sucesión de la SCJN. Batres Guadarrama se mantiene firme en su postura, asegurando que su enfoque estará en respetar la Constitución y garantizar un entorno de estabilidad económica que fomente la inversión.