Histórica concesión de agua a municipios de Baja California
En un acto sin precedentes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó la entrega de títulos de concesión de agua directamente a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Este evento, que se llevó a cabo el 22 de marzo en conmemoración del Día Mundial del Agua, marca un hito en la gestión de recursos hídricos del país, asegurando el suministro de agua por los próximos 30 años.
El fin de los privilegios
La nueva Ley Nacional de Aguas ha sido el motor de este cambio que busca erradicar los privilegios y el uso indebido del recurso hídrico. Hasta ahora, estos municipios se veían obligados a pagar a terceros por el agua, un negocio que generaba ganancias significativas a unos pocos. Claudia Sheinbaum destacó que, en línea con el legado de Benito Juárez, la meta es que todos los mexicanos sean iguales ante la ley, eliminando así los privilegios injustos.
Cancelación de concesiones previas
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) revocó las concesiones que estaban en manos de usuarios que no hacían un uso adecuado del recurso, como grupos de agricultores que vendían el agua a los municipios por una suma aproximada de 100 millones de pesos anuales. Con la nueva legislación, estas concesiones han sido transferidas directamente a los ayuntamientos, garantizando que los recursos que se paguen a Conagua se reinviertan en obras públicas para beneficio de la comunidad.
Impacto en el uso del agua
Este cambio no solo afecta a Baja California; también se está revisando el uso de concesiones en otros estados. Un caso destacado es el del diputado priista Mario Calzada en Querétaro, cuya familia usaba concesiones de agua para riego agrícola en un club residencial de polo. Esta práctica evidenció la falta de supervisión bajo la antigua legislación, algo que la nueva ley pretende corregir.
Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su compromiso con el manejo sostenible del agua, asegurando que el recurso llegue de manera justa y equitativa a quienes más lo necesitan, y promoviendo un cambio estructural en la gestión de uno de los bienes más preciados del país.
