SAT defiende revocación a ONG: medida técnica, no política
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido centro de controversia tras la decisión de revocar la autorización a diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para recibir donativos deducibles de impuestos. Frente a las críticas, el SAT ha defendido su postura aludiendo a razones estrictamente técnicas.
Gari Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT, afirmó que la institución opera con criterios técnicos y no por motivaciones políticas. “Nada más que el SAT es una institución de Gobierno técnica, no es política”, puntualizó Flores Hernández al explicar que la revocación se basa en el incumplimiento de requisitos por parte de las donatarias.
La medida afecta a un importante número de organizaciones que han jugado roles significativos en áreas de investigación y apoyo social. Según datos del SAT, desde el año pasado se revocó la autorización a 270 donatarias de un padrón de 10,000. Entre las organizaciones afectadas destacan México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por su parte, María Amparo Casar, presidenta de MCCI, criticó la medida señalando que se utiliza con fines políticos para presionar a organizaciones críticas del gobierno. “El Gobierno tiene el instrumento técnico que se puede usar políticamente”, expresó Casar, sugiriendo un posible uso indebido de las herramientas fiscales para acallar voces disidentes.
En contraste, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que las revocaciones no son decisiones personales, sino del SAT, basadas en el cumplimiento de la ley. El SAT, por su parte, insiste en que su responsabilidad es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las donatarias para garantizar que los recursos se destinen según lo autorizado por la Ley del ISR.
Esta situación ha suscitado un debate sobre el papel del SAT en la regulación de las ONG y la transparencia de sus procedimientos. Mientras que el SAT afirma que no considera factores como la actividad o los socios de las organizaciones, la comunidad civil y algunos analistas perciben un trasfondo político en estas acciones.
El SAT reitera que su principal función es asegurar el correcto uso de los recursos y mantener el orden fiscal, mientras que las organizaciones afectadas buscan claridad y justicia en el proceso de revocación de sus autorizaciones.
