Diputados Limitan ‘Pensiones Doradas’ en México
Ciudad de México, 25 de marzo de 2026 — La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece un tope a las llamadas ‘pensiones doradas’ del personal de confianza en empresas del Estado, organismos públicos y banca de desarrollo. La medida fue respaldada con 458 votos a favor, sin oposición ni abstenciones, y ya había sido aprobada por el Senado el pasado 11 de marzo.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución, fijando que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. Esta decisión excluye a las Fuerzas Armadas y las pensiones provenientes de aportaciones voluntarias o esquemas sindicales complementarios.
Protestas y Debate Político
Durante la sesión legislativa, jubilados se manifestaron en los accesos del Palacio Legislativo, expresando su descontento ante la posibilidad de que la reforma afecte sus derechos adquiridos. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido criticada por algunos sectores que temen una aplicación retroactiva.
Desde el partido Morena y sus aliados, como el PVEM y el PT, se defendió que la reforma busca corregir privilegios y fortalecer la austeridad en el gasto público. La diputada de Morena, Haidyd Arreola, aseguró que la medida “corrige la desigualdad y la injusticia de las pensiones”.
Por su parte, la oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, apoyó la limitación de las pensiones millonarias, pero alertó sobre los riesgos de retroactividad. La diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, cuestionó la equidad de la reforma y expresó preocupaciones sobre los derechos adquiridos de los jubilados actuales.
Implicaciones y Reacciones
La aprobación de esta reforma representa un paso significativo en la política de austeridad del gobierno federal, buscando reducir el gasto excesivo en pensiones de altos funcionarios. Sin embargo, ha abierto un debate sobre la equidad y el impacto a largo plazo en los derechos de los trabajadores jubilados.
La presidenta Sheinbaum defendió la reforma como una medida necesaria para evitar abusos en el sistema de pensiones, argumentando que ningún servidor público debería recibir pensiones desproporcionadas financiadas con recursos públicos. No obstante, el tema ha generado divisiones y continuará siendo objeto de discusión mientras se implementan las disposiciones específicas de la ley.
