Detienen a ocho en operativos contra anexos irregulares en Edomex
En un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades del Estado de México, se llevaron a cabo operativos en 94 centros de rehabilitación para adicciones, comúnmente conocidos como ‘anexos’. Estas acciones derivaron en la detención de ocho personas y el aseguramiento de 54 de estos establecimientos. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los operativos respondieron a denuncias sobre la posible comisión de actividades ilícitas dentro de estos centros.
Las investigaciones revelaron que en algunos de estos anexos, los internos eran obligados a vender narcóticos y eran ‘reclutados’ contra su voluntad. Además, las condiciones de seguridad y salubridad en muchos de estos lugares representaban un riesgo significativo para los internos. Los anexos inspeccionados eran en su mayoría casas particulares o bodegas, lo que facilitaba su vinculación con actividades delictivas.
Violencia y delitos en los anexos
En los últimos años, la violencia al interior de estos centros ha sido una preocupación creciente en el Estado de México. Desde 2025, se han detenido a 33 personas por homicidios y asesinatos relacionados con anexos, de las cuales nueve ya fueron vinculadas a proceso. Municipios como Nezahualcóyotl, Ixtlahuaca, Atizapán de Zaragoza, Almoloya del Río, Tultepec y Tecámac han sido escenarios de estos incidentes, con una mayor incidencia en Ecatepec.
La FGJEM ha iniciado 152 carpetas de investigación desde mediados de 2025 y a lo largo de 2026, abarcando delitos como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, desaparición de personas, violación y robo, todos relacionados con el funcionamiento de anexos.
Condiciones deplorables y abuso
Durante las inspecciones, se descubrió que muchos anexos operaban en condiciones deplorables, con reportes de comida descompuesta y castigos severos a los internos. Las autoridades federales y estatales señalaron que más de 50 de estos lugares fueron asegurados, destapando un ambiente donde se cometían serias violaciones a los derechos humanos.
El operativo fue parte de una estrategia estatal para la prevención y atención de adicciones, impulsada por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez. En conjunto con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil, la Comisión de Búsqueda de Personas, el sistema DIF estatal y fuerzas federales como la Guardia Nacional, se busca garantizar condiciones seguras y adecuadas para los procesos de rehabilitación en estos centros.