Dos del CJNG condenados a 37 años por ataque a fiscales en Irapuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que un órgano jurisdiccional dictara una sentencia condenatoria de 37 años y siete meses de prisión en contra de Alberto Antonio “N” y Juan David “N”, alias “El Barbas”, por su participación en un violento ataque armado contra agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Esta condena, emitida el pasado 29 de marzo de 2023, es resultado de un intento de homicidio en contra de servidores públicos ocurrido en el municipio de Irapuato.

Los hechos se registraron el 19 de octubre de 2023, alrededor de las 14:00 horas, cuando tres agentes de Investigación Criminal se encontraban realizando un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio. Al llegar al fraccionamiento Santa Sofía, los agentes identificaron un vehículo que coincidía con el del sospechoso que buscaban.

Sin embargo, al intentar proceder con la aprehensión, los agentes fueron atacados desde el interior de un departamento. Los agresores, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrieron fuego, desatando un enfrentamiento que se prolongó por más de una hora y media. Durante este tiempo, se dispararon más de 200 cartuchos de armas cortas y largas, resultando en la lesión de dos agentes que necesitaron atención médica inmediata.

La Fiscalía destacó la gravedad del ataque, subrayando que la agresión fue dirigida específicamente contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Este caso resalta la continua problemática de violencia relacionada con el crimen organizado en la región, donde las fuerzas de seguridad enfrentan retos significativos para garantizar el cumplimiento de la ley.

El fallo judicial que condena a Alberto Antonio y Juan David “N” refleja un esfuerzo concertado por parte de las autoridades de Guanajuato para combatir la impunidad y fortalecer el estado de derecho. La sentencia pretende enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de atentar contra la vida de servidores públicos, quienes arriesgan su seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

Este caso pone de manifiesto no solo el peligro al que se enfrentan los agentes de seguridad en su labor diaria, sino también la necesidad de mejorar las estrategias de seguridad y cooperación interinstitucional para desmantelar estructuras delictivas que amenazan la paz social en el país.