México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
Ciudad de México – El gobierno mexicano ha rechazado el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, calificándolo de tendencioso y carente de reconocimiento hacia los avances logrados desde 2018 en la lucha contra las desapariciones forzadas. Según el gobierno, el documento omite observaciones importantes y no coincide con la realidad actual del país.
El informe de la ONU se centra en eventos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El gobierno argumenta que el contexto actual es diferente y que las desapariciones no son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado.
Activistas y organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), consideran la reacción del gobierno como insuficiente. El Centro Prodh calificó el rechazo del informe como una repetición de respuestas de gobiernos anteriores y destacó que la crisis de desapariciones en México continúa siendo una de las más severas, con indicios de crímenes de lesa humanidad.
Priscila Salas, del colectivo “No se metan con nuestras hijas” en Sinaloa, subrayó la importancia de sanciones internacionales para presionar al gobierno mexicano a adoptar medidas efectivas contra la desaparición forzada. Según Salas, la inacción y la impunidad son problemas persistentes que perpetúan la crisis.
Respuestas oficiales
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores criticaron el enfoque del informe de la ONU por no considerar las mejoras y datos actualizados proporcionados por el Estado mexicano. El gobierno sostiene que no existen indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
A pesar de las críticas, las autoridades mexicanas han afirmado su compromiso con la búsqueda de desaparecidos y la implementación de políticas para prevenir este delito. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo acciones más contundentes y transparencia en las estadísticas sobre desapariciones y feminicidios.
