Sheinbaum y el informe de la ONU: un rechazo controversial
Durante la conferencia de prensa matutina conocida como “Las Mañaneras del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el rechazo de su gobierno al reciente informe emitido por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED). La mandataria argumentó que el documento presenta fallas metodológicas y no considera los esfuerzos recientes de su administración en la búsqueda de personas desaparecidas.
La postura del gobierno
Sheinbaum subrayó que el informe del CED no incluyó la información proporcionada por el Ejecutivo mexicano, ni las acciones conjuntas realizadas con los colectivos de búsqueda desde 2019. Según la presidenta, el análisis del CED se basa en datos de solo cuatro estados de la República y abarca un periodo de 2009 a 2017, lo que, según ella, lo vuelve obsoleto y sesgado.
“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, afirmó Sheinbaum, quien también destacó que el rechazo no implica un abandono de los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas.
Reacciones y críticas
En el ámbito político, la diputada panista Liz Salgado exigió una respuesta más firme y seria del gobierno ante los señalamientos de la ONU. A través de sus redes sociales, Salgado enfatizó que México enfrenta una crisis profunda de desapariciones forzadas que no puede ser minimizada. “México necesita una respuesta institucional seria. Y, sobre todo, una política que ponga en el centro a las víctimas”, expresó.
Salgado también subrayó que el informe de la ONU identifica patrones sistemáticos de desapariciones y fallas en la búsqueda, lo que requiere atención urgente y efectiva por parte de las autoridades.
El contexto internacional
El informe del CED resalta que México concentra la mayor cantidad de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo. Además, advierte que estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. A pesar de las críticas, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúa entregando observaciones técnicas y documentación adicional para contrarrestar las conclusiones del informe.
El debate sobre cómo abordar esta crisis sigue abierto, con voces que piden un enfoque más robusto y centrado en las víctimas, mientras el gobierno defiende sus acciones y cuestiona la validez del informe internacional.
