Colectivos exigen salida de comisionada en Xalapa
En Xalapa, Veracruz, integrantes de cinco colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han tomado las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV) y han bloqueado la avenida Américas, exigiendo la renuncia de la comisionada Namiko Matzumoto Benítez. Las protestas, que han cumplido más de 24 horas, denuncian la implementación de lineamientos que limitan su participación en las búsquedas, excluyendo a quienes no sean familiares directos de las víctimas, lo cual consideran revictimizante y un obstáculo para sus labores.
Desde la designación de Matzumoto Benítez hace ocho meses, los colectivos de Xalapa, Veracruz puerto, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos han manifestado su inconformidad. Argumentan que la exigencia de un oficio de la Fiscalía para acreditar la relación directa con la víctima es una medida que dificulta su participación en las búsquedas.
Olga Salazar, representante de los colectivos “Unidas por amor a nuestros desaparecidos” y “Buscando nos encontramos Córdoba”, criticó la falta de un proceso democrático en la elección de Matzumoto, calificando su nombramiento como una imposición del gobierno estatal. “Ella viene aquí a trabajar por y para el gobierno, y esta comisión es por y para las familias”, afirmó Salazar, subrayando que las voces de las familias no fueron escuchadas en el proceso.
En contraste, el Colectivo Solecito Veracruz, a través de su representante Rosalía Castro Toss, ha expresado su respaldo a Matzumoto Benítez. Argumentan que las medidas de control y transparencia implementadas por la comisionada han generado inconformidad entre ciertos colectivos que no están dispuestos a demostrar el uso de los recursos públicos que reciben. Castro Toss también mencionó un presunto desfalco de 25 millones de pesos dejado por el anterior titular, lo que ha llevado a la actual administración a tomar medidas más estrictas.
La situación se ha vuelto tensa, con bloqueos que afectan la movilidad en la ciudad y una creciente presión sobre el gobierno estatal para que intervenga. La protesta destaca la complejidad de las políticas de búsqueda de desaparecidos en México y la necesidad de un enfoque que equilibre la transparencia con la sensibilidad hacia las familias afectadas.