Senado avala Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO— En un paso decisivo para la transformación del sistema electoral mexicano, el Senado de la República aprobó la declaratoria de constitucionalidad del denominado ‘Plan B’ de la Reforma Electoral, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este avance se logró gracias al respaldo de 19 congresos estatales, lo que permite ahora turnar el proyecto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
La Reforma Electoral, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca principalmente reducir el costo de los gobiernos municipales y congresos locales, así como establecer un tope salarial para los funcionarios electorales.
Respaldo estatal crucial
Los congresos estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México aprobaron el proyecto. Este apoyo fue vital para alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Carta Magna.
Detalles de la reforma
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que la reforma se centra en la política de austeridad republicana. Destaca la imposición de un tope a las remuneraciones de los consejeros, magistrados y titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos locales, quienes no podrán percibir un salario mayor al de la presidenta de la República.
Este cambio estructural pretende optimizar el uso de recursos públicos, garantizando una administración más eficiente y justa en las instituciones electorales.
Próximos pasos
Tras la aprobación en el Senado, el decreto será enviado al Ejecutivo para su promulgación. Este proceso concluirá con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento en el cual entrará en vigor.
El Plan B de la Reforma Electoral representa un esfuerzo significativo por reestructurar la operatividad y financiamiento de las instituciones electorales, y aunque ha generado debate en distintos sectores, su implementación marca un hito en la política mexicana actual.
