Senado ratifica Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO – Con el respaldo de 19 congresos estatales, la Cámara de Diputados ha emitido la declaratoria de constitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Este plan ha sido enviado al Senado, que ha dado su aprobación, y ahora se espera su remisión al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Las reformas afectan los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y buscan principalmente reducir los gastos de los ayuntamientos y congresos locales. Asimismo, se establece que los consejeros y magistrados electorales no podrán recibir un salario superior al de la Presidenta de la República.
Los congresos estatales que han apoyado esta reforma son los de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México.
Durante la sesión en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó sobre la recepción del expediente de la Cámara de Diputados. En este documento se consolidan los votos aprobatorios necesarios para la modificación constitucional. Con ello, se da un paso significativo hacia una política de austeridad en las instituciones electorales de México.
El Plan B de la Reforma Electoral es una de las propuestas más importantes de la administración actual, ya que busca no solo reducir costos, sino también garantizar una mayor equidad en las remuneraciones de los funcionarios públicos. Este movimiento es parte de una estrategia más amplia para optimizar el uso de los recursos públicos y alinear las remuneraciones de los funcionarios con las políticas de austeridad promovidas por el gobierno actual.
La expectativa ahora se centra en la publicación oficial de estas reformas por parte del Ejecutivo, lo que marcará el inicio de su implementación en todo el país. Con esta medida, se espera un impacto significativo en la manera en que se administran los recursos en los organismos electorales, promoviendo una mayor eficiencia y transparencia.
