Reforma Electoral: Entra en Vigor el Plan B con Cambios Clave
La publicación del Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marca un nuevo capítulo en el sistema político mexicano. Con la entrada en vigor de esta reforma, se establecen medidas significativas dirigidas a reducir los gastos de los organismos electorales y los gobiernos locales.
Reducción de Salarios y Gastos
El decreto modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo principal de reducir los privilegios y gastos considerados excesivos por los congresos y funcionarios. Una de las medidas más destacadas es la limitación salarial para las autoridades electorales del INE, quienes no podrán percibir un salario superior al del Presidente de la República. Esta disposición afecta directamente a los consejeros y magistrados electorales, así como a los titulares de las secretarías.
Cambios en Ayuntamientos y Congresos Estatales
En el ámbito municipal, el artículo 115 señala que cada ayuntamiento será conformado mediante elección popular directa, limitando a un máximo de 15 regidurías. Además, se refuerzan los principios de paridad de género y perspectiva de género en la integración de los ayuntamientos. Por otro lado, se establece un tope presupuestal para cada legislatura local, buscando optimizar el uso de recursos públicos.
Prohibición del Nepotismo y Otras Reformas
La reforma también introduce medidas para combatir el nepotismo electoral, estableciendo restricciones para evitar el favoritismo hacia familiares dentro del ámbito político. Asimismo, se han reorganizado áreas internas para disminuir los gastos operativos y se han establecido nuevas reglas para el uso del presupuesto público en materia electoral, contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de recursos.
El Plan B, tras ser avalado por el Congreso de la Unión y 19 legislaturas locales, fue declarado constitucional por el Senado el 14 de abril y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, es decir, este viernes. Esto implica que las autoridades electorales y legislativas deben ajustar sus normas y presupuestos conforme a los nuevos criterios antes del 30 de mayo de 2026, plazo máximo para las adecuaciones necesarias tanto a nivel federal como local.
