Gobernadores de la 4T respaldan el Plan B de reforma electoral
Los gobernadores de la Cuarta Transformación han manifestado su respaldo firme al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En un pronunciamiento conjunto, las y los mandatarios estatales señalaron que esta iniciativa responde a un mandato popular para fortalecer la democracia, reducir los excesos burocráticos y asegurar el uso responsable de los recursos públicos.
El Plan B busca reducir privilegios y optimizar el gasto en el sistema electoral, alineándose con las reformas propuestas por el actual gobierno. Según Claudia Sheinbaum, estos cambios incluirían limitar el gasto en congresos locales, reducir los excesos en ayuntamientos y regidurías, y permitir que ciertos temas electorales se sometan a consulta popular. Además, abriría la posibilidad de que la revocación de mandato se solicite durante el tercer o cuarto año de gobierno.
En su conferencia matutina desde Manzanillo, Colima, Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación está trabajando en la propuesta para enviarla al Congreso la próxima semana. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la falta de un acuerdo con el PT y el PVEM para obtener la mayoría calificada necesaria para cambios constitucionales.
Por su parte, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, expresó su apoyo al Plan B, destacando que la propuesta busca una democracia más responsable y austera. En un mensaje en sus redes sociales, señaló que desde Morelos se respalda la iniciativa por su enfoque en eliminar privilegios y optimizar el uso de recursos públicos, asegurando que el dinero se destine a atender las necesidades de la población.
El Plan B también contempla recortes en el Instituto Nacional Electoral (INE), considerados como privilegios, incluyendo los salarios de los consejeros. Sheinbaum ha criticado los altos gastos de los congresos estatales y del Senado, en un contexto donde el país enfrenta múltiples necesidades.
La propuesta actual es parte de un proceso histórico para optimizar las instituciones electorales, eliminando gastos innecesarios y garantizando que la democracia sirva al interés público. Sin embargo, la ruta del Plan B enfrenta los mismos obstáculos que la anterior reforma electoral, la cual fue frenada por la Suprema Corte de Justicia en 2023 debido a que se consideró que algunas reformas eran anticonstitucionales.
