EE.UU. sanciona a casinos y activista por vínculos con cártel mexicano
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido sanciones contra dos casinos y tres personas, incluyendo al activista Raymundo Ramos, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), en un esfuerzo por combatir el crimen organizado que afecta la frontera entre México y Estados Unidos. La acción, anunciada el martes 14 de abril de 2026, se realiza a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ha señalado al CDN como una organización terrorista desde 2025.
El Cártel del Noreste, sucesor de los antiguos Zetas, ha sido señalado por su implicación en el tráfico de drogas, armas y personas, así como por sus prácticas de extorsión. Washington ha intensificado las medidas contra esta organización, que ejerce una influencia significativa en la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un área clave debido a su cercanía con Laredo, Texas, uno de los pasos fronterizos más transitados.
Casinos sancionados
Entre las entidades sancionadas están el Casino Centenario y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A de C.V (CAMSA), ambas operando en Nuevo Laredo. Según las autoridades estadounidenses, estos establecimientos estarían involucrados en el almacenamiento de drogas y el lavado de dinero para el CDN.
El papel del activista Raymundo Ramos
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha sido un crítico abierto de las prácticas de seguridad en Tamaulipas, denunciando violaciones de derechos humanos y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, las autoridades estadounidenses lo han vinculado al CDN, congelando sus bienes sin presentar pruebas públicas o cargos formales. Ramos había sido previamente señalado en reportes sobre el uso del software de espionaje Pegasus durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para desmantelar las redes de apoyo que permiten la operación de cárteles mexicanos en su territorio, en línea con las políticas implementadas desde el gobierno de Donald Trump. El impacto de estas medidas en el ámbito local y sus implicaciones para el activismo en derechos humanos en México se mantienen bajo observación, mientras las autoridades mexicanas evalúan sus próximas acciones en cooperación con sus homólogos estadounidenses.
