Nuevo requisito fiscal contra el huachicol entra en vigor en abril
A partir del 24 de abril, el Gobierno de México implementará un nuevo requisito fiscal destinado a combatir el mercado ilícito de combustibles, conocido como ‘huachicol’ fiscal. Este mecanismo, denominado ‘Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos’, obligará a las gasolineras a incluir información detallada sobre permisos y el origen del producto en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Medida contra la evasión y el contrabando
El objetivo de esta medida, desarrollada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en colaboración con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), es erradicar el contrabando técnico y la corrupción en el sector de combustibles. Se busca asegurar la trazabilidad de la comercialización de gasolina regular, premium y diésel.
Requisitos para las gasolineras
Según lo estipulado, todos los establecimientos que comercialicen estos combustibles deberán contar con un permiso vigente emitido por la CNE para poder emitir facturas legales. La falta de este permiso impedirá que las gasolineras generen CFDIs, lo que podría afectar sus operaciones comerciales.
Para facilitar el proceso, se creará una base de datos diaria que vinculará los permisos activos con el registro de las transacciones de combustibles. Esta base de datos permitirá a las autoridades monitorear de manera más eficiente el cumplimiento de las normativas fiscales.
Impacto en el sector energético
Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional instruida por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la lucha contra la corrupción y el robo de hidrocarburos. La implementación del ‘Complemento Concepto’ es vista como un paso significativo hacia la transparencia y la regulación adecuada del comercio de combustibles en México.
El SAT, junto con las demás entidades involucradas, ha enfatizado la importancia de esta medida para garantizar un mercado energético más seguro y regulado, que proteja tanto a los consumidores como a los participantes legítimos del sector.
Con estas acciones, el Gobierno busca no solo reducir la evasión fiscal, sino también asegurar que los ingresos fiscales provenientes de la venta de combustibles sean empleados adecuadamente para el desarrollo económico y social del país.
