Reforma a pensiones doradas se convierte en ley con apoyo de 20 estados
En un movimiento decisivo para la política de austeridad en México, el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma que limita las pensiones doradas para exfuncionarios del sector público. Esta medida fue respaldada por 20 congresos locales, cumpliendo con los requisitos necesarios para su validación.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, confirmó que la reforma modifica el artículo 127 de la Constitución, estableciendo que ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual se estima en alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Un paso hacia la justicia social
La aprobación de esta reforma representa un hito en la lucha contra los privilegios excesivos en el servicio público. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la política de austeridad y consolidar un modelo de gobierno con un enfoque más equitativo y social.
Las entidades que dieron su aval a esta reforma incluyen Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Este respaldo mayoritario fue clave para que la reforma avanzara rápidamente en el proceso legislativo.
Un proceso legislativo acelerado
El proceso para alcanzar la constitucionalidad de la reforma se llevó a cabo en tiempo récord. Apenas horas después de que la Cámara de Diputados confirmara el apoyo de la mayoría de los congresos estatales, el Senado emitió la declaratoria formal. Posteriormente, el documento fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
Esta reforma representa un cambio significativo en el marco normativo del país, poniendo fin a las llamadas pensiones VIP que han sido objeto de crítica por parte de la sociedad mexicana, quienes ven en estas medidas un paso hacia una distribución más justa de los recursos públicos.
Con la entrada en vigor de esta reforma, se espera un impacto positivo en las finanzas públicas, al reducir las cargas excesivas que representan las pensiones elevadas de exfuncionarios, permitiendo así una mejor redistribución de los recursos hacia sectores más necesitados.
