Rojo de la Vega acusa a CDMX por demolición en San Antonio Abad
La tragedia en San Antonio Abad: ¿De quién es la responsabilidad?
En un evento trágico, el colapso parcial de un inmueble ubicado en San Antonio Abad número 124 resultó en la muerte de tres personas y una más que permanece bajo vigilancia médica. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha señalado que su administración no es responsable de la autorización para la demolición del edificio, sino que fue el gobierno de la Ciudad de México el encargado de otorgar dicho permiso.
Rojo de la Vega explicó que la empresa DEMEC solicitó el 26 de septiembre de 2025 el permiso para llevar a cabo la demolición del edificio. Sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc negó esta solicitud el 30 de septiembre del mismo año debido a que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y la población cercana.
Una autorización controvertida
Pese a la negativa inicial de la alcaldía, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, con base en un acuerdo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, otorgó la autorización para la demolición el 20 de octubre de 2025. Esta decisión fue objeto de críticas por parte de Rojo de la Vega, quien señaló que el permiso fue concedido sin los estudios ni programa de Protección Civil necesarios, lo cual considera una medida arriesgada.
La alcaldesa enfatizó que el edificio ya había sufrido daños significativos durante el sismo de 2017, lo que requería un enfoque cuidadoso y responsable en cualquier trabajo de demolición. En sus declaraciones, Rojo de la Vega hizo hincapié en que la autorización se dio bajo ciertas condiciones que, según su versión, no se cumplieron adecuadamente.
Reacciones y responsabilidades
Ante las observaciones y críticas de la alcaldesa, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, indicó que las demarcaciones tienen la responsabilidad de vigilar los procesos relacionados con los permisos, una afirmación que Rojo de la Vega ha cuestionado al presentar la cronología de eventos y decisiones tomadas por su administración.
La controversia ha generado un debate sobre las responsabilidades compartidas entre las distintas autoridades de la Ciudad de México y la necesidad de garantizar procedimientos seguros en la gestión de inmuebles dañados. Mientras tanto, las familias de las víctimas y la comunidad afectada esperan respuestas y, sobre todo, justicia.
Este incidente subraya la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias del gobierno para asegurar que las decisiones tomadas no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. La situación en San Antonio Abad es un llamado urgente a revisar y mejorar las políticas de protección civil y demolición en la capital.
