SCJN avala bloqueo de cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Esta decisión se tomó con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, en el marco de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, confirma la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, incorporada en marzo de 2022. Según esta disposición, la UIF puede ordenar el congelamiento de cuentas cuando existen indicios de que el titular está relacionado con delitos como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
La decisión del pleno de la SCJN se aleja del criterio previo, que limitaba esta medida a solicitudes de autoridades internacionales. Ortiz argumentó que esta acción es de naturaleza administrativa y no penal, y que existe el derecho a audiencia y presentación de pruebas.
Los ministros Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero votaron en contra, expresando sus preocupaciones sobre el alcance de esta facultad de la UIF. En particular, el ministro Figueroa Mejía manifestó sus dudas respecto a que las personas afectadas puedan ser sancionadas sin un juicio justo, al ser incorporadas en la lista de personas bloqueadas.
Por otro lado, el contexto crítico de esta decisión ha generado un debate sobre los derechos de los ciudadanos y el poder del Estado. Algunos críticos señalan que esta medida podría ser percibida como una invasión a la privacidad y un castigo previo a cualquier proceso judicial, lo que recuerda prácticas de regímenes autoritarios del pasado en México.
La SCJN ha dejado claro que el objetivo de esta medida es proteger el sistema financiero y cumplir con compromisos internacionales de combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales sigue abierta, mientras la sociedad y expertos en derecho evalúan las implicaciones de este fallo.
