SCJN obliga al SAT a devolver 103 mdp a Televisa
En una decisión significativa que resalta el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el ámbito fiscal, el máximo tribunal del país dictaminó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe devolver 103 millones 73 mil 347 pesos a Grupo Televisa. Esta cantidad corresponde a pagos excesivos de impuestos realizados por la empresa en los ejercicios fiscales de 1998, 1999, 2003 y 2004.
El fallo, emitido el 2 de marzo de 2026, se produjo tras una votación mayoritaria de seis ministros a favor y tres en contra, basándose en la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo. La SCJN desechó un recurso de revisión promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al concluir que el recurso no tenía legitimidad al no involucrar temas de constitucionalidad, sino de legalidad.
La ministra Lenia Batres, junto con sus colegas María Estela Ríos y Arístides Guerrero, votaron en contra de la decisión, argumentando que podría comprometer los intereses del gobierno y la recaudación fiscal. Batres expresó su preocupación por el impacto que este tipo de decisiones podría tener sobre el uso de los recursos públicos.
Con esta resolución, se confirma que Televisa no solo recuperará la cantidad original ya devuelta parcialmente por el SAT, sino que también recibirá ajustes por inflación. Este fallo refuerza el precedente de que las empresas pueden reclamar devoluciones por cobros indebidos, un tema de interés no solo para grandes corporaciones, sino también para contribuyentes en general.
Además, este caso pone de relieve un tema recurrente en el ámbito fiscal: la tensión entre los derechos de los contribuyentes y las facultades del Estado para recaudar impuestos. La SCJN ha adoptado en ocasiones criterios que favorecen al SAT, como en casos recientes donde se han rechazado pagos de intereses a contribuyentes que lograron anular créditos fiscales. Sin embargo, la decisión a favor de Televisa demuestra que el tribunal también puede fallar en contra de la autoridad fiscal cuando se trata de proteger derechos legítimos de los contribuyentes.
Es importante destacar que esta resolución tiene implicaciones más allá del caso específico de Televisa, ya que podría influir en cómo se abordan futuros conflictos entre empresas y el SAT sobre devoluciones fiscales. La capacidad del Estado para impugnar amparos y la legitimidad de los recursos fiscales seguirán siendo temas de debate en el panorama jurídico y económico de México.
