SCJN respalda exclusividad estatal del litio en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la reforma de 2022 a la Ley Minera, confirmando que la explotación y aprovechamiento del litio y otros minerales estratégicos serán exclusivos del Estado mexicano. Este fallo representa un triunfo para la administración que impulsó estos cambios bajo el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En una decisión que marca un precedente significativo, la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría de legisladores de oposición, quienes argumentaban que la reforma violaba el régimen constitucional de la minería, el principio de legalidad y seguridad jurídica, y que no se había realizado una consulta adecuada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El pleno de ministros, por mayoría, concluyó que, en este caso, no era necesario llevar a cabo consultas previas a las comunidades indígenas, ya que la reforma no afectaba de manera directa y diferenciada sus derechos humanos. Esta argumentación fue crucial para desechar las impugnaciones presentadas por los senadores opositores.
La reforma, promulgada en abril de 2022, estipula que el Estado tiene el control exclusivo sobre la exploración y explotación del litio, prohibiendo cualquier concesión a particulares. Este movimiento hacia la nacionalización del litio busca asegurar que los beneficios de este valioso recurso mineral sean aprovechados directamente por el país.
En el contexto de esta decisión, el Congreso de la Unión aún enfrenta retos en la implementación de nuevas consultas públicas. El diputado Héctor Serrano Cortés indicó que, a pesar de que el 30 de marzo es la fecha límite para presentar un acuerdo sobre las consultas, aún no se ha definido la empresa encargada del proceso ni la batería de preguntas necesarias. Este retraso se da en medio de esfuerzos por evitar erogaciones ineficientes como las del año pasado.
La validación de la SCJN refuerza la postura del gobierno de priorizar el control estatal sobre recursos estratégicos, en un momento en que el litio se considera crucial para el desarrollo tecnológico y energético del país. Los próximos pasos se centran en la organización eficiente de las consultas públicas y en la implementación efectiva de la reforma para maximizar los beneficios económicos y sociales del litio para México.
