Senado definirá constitucionalidad del Plan B electoral el 15 de abril
El Senado de la República se prepara para declarar la constitucionalidad del llamado Plan B de la reforma electoral el próximo 15 de abril, según informó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. Esta fecha ha sido propuesta para realizar la declaratoria formal del proyecto, después de que más de 17 legislaturas estatales lo avalaran, cumpliendo así el requisito constitucional de respaldo de los congresos locales.
El Plan B, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal, fue aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión tras un intenso debate entre diversas fuerzas políticas. Posteriormente, fue enviado a los estados para su ratificación, logrando el número mínimo de avales estatales en menos de 12 horas, lo que permitió avanzar a la etapa final de validación constitucional.
Originalmente, el proyecto comenzó con una propuesta más amplia conocida como ‘Plan A’, que buscaba reducir costos en los partidos, procesos y autoridades electorales. Sin embargo, enfrentó resistencia interna en el partido oficial y entre sus aliados políticos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes lo percibieron como una amenaza a su existencia política. Ante estas tensiones, el proyecto fue reformulado en una versión más acotada, conocida como ‘Plan B’, que se centra en ajustar estructuras y gastos.
Los cambios propuestos en el Plan B incluyen limitar el número de regidurías y sindicaturas en los municipios, reducir el gasto de los Congresos a un máximo del 0.7% del presupuesto anual de cada entidad, y establecer mecanismos para que el Senado reduzca su gasto en un 15% en los próximos cuatro años. Además, se introducen nuevas restricciones para que magistrados, consejeros y la alta burocracia electoral no ganen más que la presidenta de la República.
A pesar de su aprobación, el Plan B ha sido objeto de críticas por no constituir una reforma política completa, sino más bien un conjunto de medidas para generar ahorros en diversas instancias de gobierno. No obstante, su aprobación y el próximo aval constitucional reflejan la capacidad del actual gobierno para avanzar su agenda legislativa, aunque sea en una forma reducida.
