Sheinbaum defiende poder de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial en casos de sospecha de actividades ilegales. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum subrayó la importancia de esta medida para combatir las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero en México.
Sheinbaum llamó a la calma al sector privado, asegurando que el fallo no debería generar incertidumbre entre los empresarios. “¿Cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta”, afirmó la presidenta, destacando el papel crucial de la UIF en la protección del sistema financiero nacional.
La UIF, según Sheinbaum, tiene la misión de frenar el lavado de dinero vinculado a la corrupción, la delincuencia organizada y los delitos de cuello blanco. Desde la resolución de la SCJN, cuando la UIF detecte posibles operaciones ilícitas, podrá actuar de manera inmediata para inmovilizar fondos. “Si un privado considera que fue injusto, puede presentar un amparo, pero ya no hay suspensión inmediata”, resaltó Sheinbaum, subrayando la contundencia del mecanismo como una herramienta clave en la lucha contra el crimen financiero.
La presidenta destacó que esta medida busca enviar un mensaje claro: el gobierno no tolerará el uso indebido del sistema financiero para actividades ilícitas. Además, Sheinbaum reconoció que su administración no ha logrado atraer el nivel de inversión deseado para impulsar su programa económico. Por ello, enfatizó la necesidad de generar confianza en el sector privado y de implementar acciones que fortalezcan la estabilidad económica del país.
En contraste, otro fallo reciente de la SCJN ha puesto de relieve la responsabilidad de las compañías telefónicas en proteger la identidad de sus usuarios. La Corte determinó que empresas como Telcel, AT&T y Movistar deben asegurar la seguridad de los datos personales al entregar un duplicado de SIM, tras un caso de fraude digital que afectó a una usuaria. Este precedente establece que las telefónicas tienen un “deber reforzado de cuidado” y deben verificar rigurosamente la identidad de los solicitantes para evitar negligencias.
Con estas decisiones judiciales, el gobierno de Sheinbaum se enfrenta al desafío de equilibrar la seguridad financiera con la confianza del sector privado, buscando al mismo tiempo fomentar un entorno favorable para la inversión en México.
