CDMX refuerza lucha contra extorsión con reformas y participación ciudadana
CDMX refuerza lucha contra extorsión con reformas y participación ciudadana
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lideró la firma del Pacto contra la Extorsión, un compromiso que busca enfrentar este delito con la colaboración de la ciudadanía y diversos sectores sociales. Durante el evento, subrayó que la extorsión no solo afecta el patrimonio, sino que infunde miedo como herramienta de control, por lo que es necesaria una respuesta colectiva.
Desde noviembre de 2024, la administración ha implementado una estrategia integral que incluye cambios normativos, fortalecimiento institucional, promoción de la denuncia y atención a víctimas. Estas medidas han permitido la detención de 335 individuos entre enero y marzo de 2025, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
No obstante, Brugada reconoció que el subregistro del delito, debido al miedo de las víctimas, sigue siendo un obstáculo para su combate efectivo. Por ello, el gobierno capitalino trabaja en romper el círculo de silencio mediante reformas al Código Penal que tipifiquen el hostigamiento coercitivo y sancionen severamente la tentativa de extorsión.
El Pacto contra la Extorsión es una estrategia nacional que reúne a autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil. En el acto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó la reducción de la incidencia delictiva gracias al fortalecimiento de la inteligencia y la creación de nuevas instancias.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, enfatizó la importancia de estas reformas y la necesidad de una participación activa de la ciudadanía. La administración busca que las víctimas se sientan seguras al denunciar, ofreciendo programas de testigos protegidos y garantizando apoyo integral.
El evento, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, contó con la presencia de empresarios, organizaciones sociales y representantes de los tres poderes, quienes se comprometieron a trabajar de manera conjunta para erradicar este delito que convierte la vida de las personas en un infierno.