Senado de México avala Plan B de Reforma Electoral
CIUDAD DE MÉXICO.— En un paso significativo para la política electoral del país, el Senado de la República ha declarado constitucional el Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta decisión se produjo después de que 19 congresos estatales dieran su aprobación, cumpliendo así con el requisito de mayoría necesaria para modificar la Constitución.
La reforma, que afecta los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo principal implementar una política de austeridad republicana en las instituciones electorales y en la administración de recursos públicos. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales, así como la limitación de las remuneraciones de consejeros, magistrados y otros funcionarios electorales, de modo que no puedan ganar más que la presidenta del país.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó durante la sesión que el expediente con el Proyecto de Declaratoria fue remitido desde la Cámara de Diputados. Los estados que dieron su aval son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
Con la aprobación por parte del Senado, el decreto será enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, lo que representa un avance en la agenda de transformación política y administrativa que promueve el actual gobierno.
La aprobación de esta reforma ha suscitado un debate intenso en el ámbito político, con opiniones divididas sobre su impacto real en la eficiencia y transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, para sus defensores, el Plan B es un paso necesario para reducir el gasto público y garantizar una gestión más justa y equitativa de los recursos.
Este cambio estructural en la legislación electoral busca alinear los salarios de los funcionarios con las políticas de austeridad del gobierno federal, promoviendo una mayor responsabilidad fiscal. Además, se espera que estas medidas fomenten una administración más eficiente y transparente en los organismos electorales locales y nacionales.
