Congresos Estatales Aceleran Aprobación del Plan B Electoral

En un esfuerzo por consolidar cambios significativos en la estructura electoral del país, la Cámara de Diputados y al menos 19 congresos estatales se preparan para aprobar, en un esquema de fast track, el Plan B de la reforma electoral. Esta estrategia busca reducir el número de regidores y síndicos en varios municipios de México, con el propósito de implementar medidas de austeridad que impacten positivamente en las finanzas locales.

La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro ha sido convocada para sesionar este martes, con la intención de aprobar el dictamen del Plan B. El pleno de la Cámara de Diputados se prevé que lo avale el miércoles, permitiendo así que se envíe a las legislaturas locales para su evaluación y votación inmediata. Estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Sinaloa, entre otros, planean analizar y votar la propuesta entre el miércoles por la tarde y el viernes.

El calendario propuesto por la Secretaría de Gobernación, que incluye la aprobación en la Cámara de Diputados el 8 de abril y la obtención de votos favorables de al menos 17 congresos estatales entre el 10 y el 13 de abril, establece el 18 de abril como fecha clave para la declaración de validez constitucional de la reforma.

Uno de los aspectos más destacados del Plan B es la modificación del artículo 115 constitucional, que establecería un límite de hasta 15 regidores por ayuntamiento. Esta medida, que entraría en vigor a partir de 2027, busca reducir significativamente el gasto en las legislaturas estatales, generando un ahorro estimado de más de 4,300 millones de pesos anuales.

La reforma ha sido impulsada por una mayoría parlamentaria que argumenta que el ahorro en las finanzas estatales permitirá redirigir recursos a otros sectores prioritarios. Sin embargo, la rapidez con la que se está llevando a cabo el proceso ha generado críticas respecto a la falta de un debate más profundo en torno a las implicaciones a largo plazo de estos cambios.

Mientras tanto, en otros frentes, el gobierno federal continúa su lucha contra el robo de hidrocarburos. Recientemente, se localizó una toma clandestina en Cortazar, Guanajuato, donde se recuperaron 25 mil litros de gasolina. Este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el robo de hidrocarburos en el país.

El avance del Plan B y las acciones contra el robo de hidrocarburos reflejan un enfoque del gobierno hacia una mayor eficiencia en el uso de recursos y una lucha decidida contra actividades ilícitas que afectan la economía nacional.