Jubilados de Pemex y CFE protestan contra reforma de pensiones
Jubilados de Pemex y CFE alzan la voz contra la reforma al artículo 127 constitucional
Por Nicolás Cruz Hernández
En Xalapa, Veracruz, jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para expresar su rechazo a la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución. Esta reforma, que limita las pensiones de las entidades públicas, ha generado preocupación entre los ex trabajadores, quienes consideran que la medida vulnera sus derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica.
Con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que establece un tope máximo de aproximadamente $70,000 pesos mensuales para las pensiones de exfuncionarios de Pemex y CFE. Esta cifra representa la mitad del sueldo presidencial y afecta principalmente a aquellos que superan este límite.
Las manifestaciones se extendieron a otras partes del país, incluyendo Tabasco, donde decenas de ex trabajadores se reunieron frente al Congreso del Estado en Villahermosa. Jorge Gracia, representante de jubilados de Pemex, destacó que solo un tres por ciento de los más de 23,000 jubilados reciben pensiones superiores a los $100,000 pesos, desmintiendo la idea de que todos gozan de ‘pensiones doradas’.
Los manifestantes argumentan que la reforma contradice principios constitucionales al aplicar efectos retroactivos, lo que afecta a cerca de 3,400 jubilados que desempeñaron cargos directivos de confianza en diversas paraestatales, incluyendo Luz y Fuerza del Centro, Banobras y Nafin.
Sergio Ortega, vocero del movimiento, expresó que la reforma pone en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias y exigió respeto a las condiciones establecidas al momento de su jubilación. ‘No se pueden cambiar las reglas después de haber cumplido con nuestras obligaciones laborales’, afirmó Ortega.
Los intentos de impugnar la reforma mediante amparos también han enfrentado obstáculos. Tres jueces federales han desechado amparos por notoria improcedencia, basándose en que, desde noviembre de 2024, la Constitución prohíbe impugnaciones a sus reformas.
La situación ha generado un debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del país y los derechos de los jubilados, una cuestión que sigue siendo de gran importancia para el sector político, económico y social de México.
