ONU lleva desapariciones forzadas en México a Asamblea General
Ciudad de México (AP) — El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha decidido escalar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, invocando el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta acción, calificada de urgente, se debe a la gravedad del fenómeno que, según el Comité, podría constituir un crimen de lesa humanidad.
El artículo 34 permite que, si el Comité recibe pruebas fundamentadas de desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada en un país, pueda presentar el caso ante la Asamblea General a través del Secretario General de la ONU. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, señaló que la magnitud y el patrón de los ataques, más que su orquestación a nivel gubernamental, son lo que define su clasificación como crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado reciente, el Comité destacó la preocupante evidencia de fosas comunes clandestinas en México, donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 76,000 restos humanos, en su mayoría sin identificar, lo que ilustra la severidad del problema.
A pesar de las medidas que el Gobierno mexicano ha implementado desde que el Comité visitó el país en 2021, la situación no ha mejorado significativamente, lamentó el organismo internacional. Esto ha impulsado la decisión de llevar el caso al foro internacional, buscando que se establezcan mecanismos específicos para abordar el problema.
El expresidente del Comité, Santiago Corcuera, y María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, calificaron la decisión como un paso sin precedentes y subrayaron la necesidad de una respuesta internacional robusta. Según Corcuera, el documento presentado por el Comité a la ONU contiene sólidos argumentos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México.
La reacción del gobierno mexicano ante esta decisión ha sido calificada como ‘deplorable’ por algunos expertos, quienes consideran que se necesita una colaboración más decidida y efectiva por parte de las autoridades nacionales para enfrentar esta crisis humanitaria.
Esta acción internacional busca presionar al gobierno mexicano para que intensifique sus esfuerzos en prevenir, investigar y erradicar las desapariciones forzadas, con la esperanza de que se logre un impacto positivo en la protección de los derechos humanos en el país.
