PAN Guanajuato acusa a MORENA de afiliaciones irregulares en Salamanca
Denuncias de afiliaciones sin consentimiento sacuden a Salamanca
En una reciente rueda de prensa, Aldo Márquez Becerra, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, afirmó que habitantes del municipio de Salamanca han sido afiliados al partido MORENA sin su autorización. Márquez indicó que personas conocidas como ‘servidores de la nación’ solicitaron credenciales electorales a ciudadanos entre septiembre y diciembre de 2025 para supuestamente asistir a eventos locales. Sin embargo, posteriormente descubrieron que habían sido afiliados a MORENA sin su consentimiento.
“MORENA presume tener miles de afiliados en el estado, pero ¿a qué costo?”, cuestionó Márquez, quien también acusó al partido de ofrecer apoyos sociales a cambio de afiliaciones, lo que calificó como prácticas engañosas.
Respuesta de MORENA a las acusaciones
Por su parte, la diputada de MORENA, Hades Aguilar Castillo, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña sucia. Aguilar enfatizó que su partido ha trabajado para garantizar que los programas sociales no se utilicen para condicionar el voto ni la participación ciudadana. “Sería incoherente de nuestra parte hacer lo contrario”, afirmó la diputada.
Aguilar también se mostró dispuesta a tomar acciones legales si no se presentan pruebas concretas que la vinculen a las supuestas afiliaciones irregulares. “Si tienen pruebas, que las presenten. Si no, yo seré quien interponga una denuncia por daño moral”, añadió.
Contexto político y repercusiones
Este intercambio de acusaciones ocurre en un contexto de alta tensión política en Guanajuato, donde el PAN y MORENA se disputan el control político. Las denuncias y contradenuncias entre ambos partidos reflejan la creciente polarización en el estado, especialmente ante la proximidad de los procesos electorales.
El PAN ha anunciado que continuará investigando y presentando denuncias sobre las afiliaciones irregulares, mientras que MORENA insiste en su compromiso con la transparencia y la legalidad en el uso de programas sociales.
