Protestas de Jubilados y Policías Toman las Calles de CDMX

Este viernes 17 de abril de 2026, la Ciudad de México se enfrenta a una jornada de alta actividad social con múltiples marchas y concentraciones que podrían afectar el tráfico en zonas clave como Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y avenidas principales. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan además rodadas ciclistas y motociclistas que incrementarán la movilidad en diversos puntos de la capital.

Marcha de Jubilados hacia el Senado

A las 10:00 horas, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados iniciaron su marcha desde la Estela de Luz hacia el Senado de la República. Esta movilización agrupa a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes exigen la revisión de la reforma al artículo 127 de la Constitución.

La reforma impone un tope a las pensiones de ex servidores públicos, limitándolas al 50% del salario de la Presidencia, es decir, aproximadamente 67 mil pesos mensuales. Los jubilados argumentan que esta medida vulnera sus derechos adquiridos y solicitan que no se aplique de manera retroactiva.

Advertencias de Intensificación

Los manifestantes han advertido que, de no atenderse sus demandas, las protestas podrían intensificarse, incluso durante el Mundial de 2026. La movilización ha generado bloqueos en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y Circuito Interior, afectando significativamente el flujo vehicular.

Impacto en la Ciudad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha señalado que al menos tres protestas principales concentran la atención en la alcaldía Cuauhtémoc. Los jubilados y pensionados de la CFE, por ejemplo, comenzaron su movilización a las 09:00 horas desde dos puntos clave: Paseo de la Reforma 164 y Río Ródano 14. Ambos grupos se dirigen al Hemiciclo a Juárez, lo que ha provocado importantes afectaciones en la circulación.

Estas protestas reflejan el descontento de los trabajadores jubilados frente a lo que consideran una medida injusta que afecta sus ingresos y calidad de vida tras años de servicio en empresas del Estado.