Sheinbaum y Campos: Tensión por agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se comprometió a proporcionar información sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en dicha entidad. Este compromiso surgió tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien enfatizó la importancia de seguir los principios legales en la colaboración con gobiernos extranjeros.

En su conferencia de prensa matutina del 24 de abril desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la comunicación con Campos se canalizará exclusivamente a través de García Harfuch. “Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información. Y de parte del secretario de Seguridad se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero“, afirmó la mandataria.

Este asunto ha generado controversia, dado que se reveló que los fallecidos en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara eran agentes de la CIA. La gobernadora Campos se enfrenta a posibles cuestionamientos políticos y legales, ya que senadores de Morena han sugerido un juicio político debido a presuntas violaciones a la Constitución Mexicana y otras leyes.

El senador Enrique Inzunza, magistrado con licencia, ha destacado que el caso representa un alto grado de violación legal, lo que ha motivado la consideración de acciones legislativas contra Campos. Sin embargo, hasta el momento, las declaraciones oficiales no especifican las acciones futuras concretas respecto a este tema.

Claudia Sheinbaum reiteró que la reunión entre Campos y Harfuch fue “cordial“, pero enfatizó que no se siguieron los procedimientos correctos para la cooperación internacional en materia de seguridad. “Una conversación cordial y ya depende de la gobernadora“, señaló Sheinbaum, dejando claro que cualquier comunicación futura se realizará a través del secretario de Seguridad.

Este caso se suma a la dinámica de tensiones entre los gobiernos federal y estatal, especialmente en el contexto de la cooperación internacional en seguridad y el respeto a las leyes mexicanas. La respuesta de Campos y el desarrollo de los acontecimientos serán cruciales para determinar las implicaciones políticas y legales de este incidente.