Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), calificándolo de inexacto y sesgado. En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el documento sólo considera casos de cuatro estados del país entre 2009 y 2017, y que la información proporcionada por México no fue tomada en cuenta adecuadamente por el comité.

Sheinbaum defendió las acciones de su gobierno, afirmando que el análisis del CED no refleja la realidad actual, ya que extrapola datos hasta 2025. “No estamos de acuerdo con este informe”, declaró, subrayando que no coincide con la visión de los gobiernos de la cuarta transformación.

Reacciones políticas al informe

El rechazo al informe ha suscitado críticas entre políticos mexicanos. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, acusó al partido Morena de priorizar su imagen sobre la búsqueda de desaparecidos, calificando al gobierno de opaco. Moreno afirmó que la actual administración ha ignorado las recomendaciones del CED, prefiriendo la confrontación.

Por otro lado, la senadora Lilly Téllez, del PAN, criticó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por no respaldar el informe de la ONU. Téllez presentó un punto de acuerdo en el Senado, acusando a la CNDH de traicionar a las víctimas al apoyar al gobierno en lugar de defender los derechos de las más de 132 mil personas desaparecidas en México.

Contexto social y político

La controversia en torno al informe de la ONU se suma a otras tensiones políticas en México, como las protestas en Veracruz por el derrame de hidrocarburos que afecta las costas del Golfo de México. Habitantes y pescadores demandan acciones de remediación y apoyo a las comunidades afectadas, señalando la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades.

Este panorama de críticas y demandas sociales resalta la complejidad de los desafíos que enfrenta el gobierno en áreas de derechos humanos y medio ambiente, mientras las autoridades intentan gestionar la tensión entre sus políticas internas y las recomendaciones de organismos internacionales.